"Si no generamos un modelo a medio-largo plazo, que no sea estrictamente dependiente de una inyección de capital, fracasaremos. Acabarán los fondos europeos -6.829 millones de euros están destinados a la renovación energética de edificios- y dejaremos de rehabilitar. Es el momento y la oportunidad para revitalizar el parque edificado, y lo tenemos que saber trasladar a la sociedad y al sector". Así de tajante se ha mostrado
Francisco Javier Martín , director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) durante el transcurso de la Asamblea de la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).
A pesar de que España ha tenido las mejores valoraciones en la Estrategia de Rehabilitación a Largo Plazo entre los estados miembros, el reto de su última actualización en 2019 está en ejecutarla. "No solo tenemos la oportunidad, sino también la obligación de implementar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance porque no nos podemos permitir no gastar los fondos de recuperación de transformación y resiliencia, que tienen su mayor componente en la rehabilitación energética, y de la que el Gobierno confía en que sea uno de los principales tractores de la economía", ha reconocido Martín.
Creación de oficinas de rehabilitación y desgravación A la necesidad de un cambio de paradigma, ahora se une la complejidad de la gestión de un importante volumen de fondos que se tendrán que consumir en muy pocos años. ""No podemos arriesgar la ejecución de los casi 7.000 millones de euros a un único modelo, sino que tenemos que habilitar diferentes formas de conseguir el mismo objetivo: llegar a una escala de rehabilitación residencial", ha reconocido Martín.
En orden de prioridades, según Martín, "lo primero que se ha planteado el Ministerio es la necesidad de establecer medidas fiscales; hacer depender la gestión de estos fondos y el éxito de la rehabilitación energética solamente a medidas de ayuda o a otras complementarias, de financiación, por ejemplo, podría producir un atasco burocrático". Para conseguirlo, establecerá una desgravación, que, en el tramo más ambicioso, en el de la rehabilitación, supondrá hasta el 60% de la actuación con unos límites máximos por vivienda que permitan alcanzar, al menos, un 30% de los ahorros en consumo de energía primaria no renovable que exige la Comisión Europea.
Además de las ayudas directas y la desgravación, el Ministerio también incentivará con estos fondos la creación de oficinas de rehabilitación, que no solo informen a los ciudadanos y pongan en relación a los diferentes agentes del sector, sino que se conviertan en ventanillas únicas de tramitación de expedientes. "Cada Comunidad Autónoma podrá gestionar los fondos que permitan financiar los servicios que ofrezcan estas oficinas, y, por tanto, faciliten la gestión de las ayudas y la comprensión del modelo completo", ha manifestado el director General de Vivienda y Suelo.
Subvenciones a la documentación técnica y a la redacción del proyecto En paralelo a estas oficinas, el Gobierno también subvencionará al 100% un documento técnico previo que permita a la comunidad de propietarios visualizar cuál es el potencial de mejora que tiene su edificio ejecutando unas determinadas actuaciones de rehabilitación. "No solo se pretende hacer una foto del edificio y documentarlo en sus circunstancias reales, sino sobre todo concretar el tipo de actuaciones que serían óptimas para su mejora, determinar un avance de coste, e incluso las posibles fases de actuación", ha explicado Martín.
"También tenemos intención de cubrir con un porcentaje importante de subvención los proyectos, de manera que, si hasta el momento de la toma de decisión de rehabilitar, la comunidad de propietarios no ha tenido ningún coste, tampoco la redacción del proyecto será un freno para ejecutar las actuaciones", ha añadido el representante del MITMA.
Impulso a la figura del agente rehabilitador El Gobierno también facilitará y activará los modelos que se produzcan de "llave en mano" para facilitar la gestión en las comunidades de propietarios; es decir, impulsará la actividad de cualquier empresa, profesional, entidad o gestor que pueda hacer toda la labor que está implícita en la rehabilitación, desde la elaboración de la documentación técnica, la solicitud de las ayudas hasta la obtención de la financiación. "Pretendemos estimular el modelo de agente rehabilitador o gestor que se encargue de toda la documentación técnica y la financiación, de manera que, si así lo acuerda la comunidad de propietarios, sea la entidad la que gestione todas las ayudas".
Establecimiento de un aval público parcial al crédito a la rehabilitación Por lo que respecta a la financiación privada, que será también necesaria para cubrir una parte de esas actuaciones, el Gobierno busca potenciar la participación de las entidades para que estas puedan facilitar financiación en condiciones atractivas. A este respecto, en palabras de Martín, "existe voluntad por parte de los bancos, pero también estamos trabajando en la posibilidad de algún aval parcial al crédito a la rehabilitación".
Una última medida, complementaria de las anteriores, anunciada por el Ministerio, será el establecimiento de planes renove de determinados elementos constructivos, como puedan ser de carpinterías, pero también de fachada o cubierta, que pudieran gestionarse directamente por el fabricante o el instalador.
Estos incentivos a la actividad rehabilitadora integrarán el modelo de gestión de los fondos europeos que el Gobierno está ultimando, y que será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las Comunidades Autónomas. Será un modelo único en el que las bases reguladoras las establecerá el Ejecutivo nacional, y que será común para todas las Autonomías.
"En verano lanzaremos la regulación de todo este paquete, a través de un Real Decreto, para que durante el segundo semestre los fondos lleguen a los ciudadanos", ha asegurado Francisco Javier Martín. "Hay muchas expectativas en que esta línea sea un buen sumidero de fondos. Ahora mismo se han asignado 6.820 millones, pero puede haber más. Si empiezan a fallar otras líneas, podrían llegar más fondos de los que les corresponden a España para la rehabilitación energética".
Modelo "primo hermano" del PREE Asimismo, durante su intervención en la Asamblea de Andimat, tanto el director de Vivienda y Suelo del MITMA, como
Fernando García Mozos , jefe del Departamento de Residencial y Edificios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que también participó en este acto, han asegurado que esta línea de ayudas a la rehabilitación energética será un "primo hermano" del PREE actualmente vigente. "Ahora bien, irá dirigido exclusivamente al ámbito residencial y en la medida de lo posible simplificaremos la parte de revisión de las solicitudes para facilitar la gestión por parte de las comunidades autónomas. Además, podrá incorporar, complementariamente, pero en un número reducido, actuaciones que no tengan que estar necesariamente relacionadas con la eficiencia energética, ya que nos tenemos que asegurar que los fondos están destinados a la recuperación verde".
Según García Mozos, el PREE es la primera línea de ayudas activa del Plan de recuperación, siendo España el único estado miembro que ha presentado un plan que ya está funcionando. De hecho, el directivo del IDAE ha anunciado que tendrá su continuidad una vez finalice en julio la convocatoria vigente.
Sin embargo, para que lleguen más fondos, es necesario generar demanda. Y hasta el momento, el 90% de las rehabilitaciones que se han presentado en las comunidades de propietarios, mayoritariamente actuaciones en la envolvente, han sido activadas más por las empresas de rehabilitación que por el ciudadano, ha manifestado García Mozos.
Línea de inversión por barrios Francisco Javier Martín también ha anunciado una línea de inversión por barrios, que no irá con la misma sistemática de convocatoria de ayudas, sino que tendrá un trabajo previo con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, y que particularizará mucho el modelo de intervención, "ya que se potenciará la posibilidad de que con incrementos de aprovechamientos urbanísticos se financie parcialmente la operación de rehabilitación o de regeneración urbana, no solo de los edificios sino también del espacio público". También Martín espera de las Administraciones la implementación de las conocida Ley de las tres RRR, de manera que permitan que una actuación de remonta o de incremento de edificabilidad por fachada en una comunidad de propietarios ayude a financiar la actuación de rehabilitación.
Desde Andimat, que colaborará con el Gobierno en la difusión de las ventajas de la rehabilitación energética, apuestan por que la industria española de fabricantes de aislantes sea clave para conseguir el éxito de este Plan de Recuperación. "Llevamos 50 años fabricando aislamiento y estamos más de moda que nunca", ha destacado su presidente José María Font.
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