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El aislamiento contra el ruido sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la edificación y la rehabilitación de edificios en España y un motivo de ello ha sido la ausencia de una clasificación clara y comprensible que permita a los compradores saber qué grado de protección tienen las viviendas frente a la contaminación acústica. Sin embargo, gracias a una nueva norma UNE, las cosas empiezan a cambiar. A partir de ahora, de la misma forma que el comprador de una lavadora sabe qué grado de eficiencia energética tiene el equipo, el comprador de una vivienda podrá exigir mayor transparencia sobre el nivel de insonorización de la casa que piensa comprar.

La nueva norma UNE 74201, que ya se ha publicado en la web del organismo de normalización español, especifica los criterios para seis clases: A, B, C, D, E y F, siendo la clase A la más alta y la F la más baja. Si no se requiere prestación acústica o no llega a determinarse, se clasifica como npd (no performance determined – sin prestación determinada). De esta forma, tanto las constructoras como los vendedores de inmuebles podrán evaluar el nivel de insonorización de las viviendas que ponen en venta y tomar las medidas necesarias para ser categorizadas en una clase superior, lo que supondrá un incentivo claro a la mejora de los estándares de construcción en nuestro país.

"Hasta ahora, cuando se piensa en aislar un edificio, se prioriza ante todo la protección ante el frío o el calor, lo que a veces impulsa a los constructores a elegir materiales que sean óptimos para hacer frente a esta necesidad, pero que quizás no sean los mejores para proteger un edificio ante el ruido", ha comentado Oscar del Río, presidente de Afelma. "Es por este motivo que desde Afelma nos parece muy positivo que se haya desarrollado una norma que facilita mayor transparencia al comprador en relación con una asignatura -la contaminación acústica-, en la que España lleva varios suspensos".

El objetivo principal de la nueva norma de clasificación de UNE es facilitar a los proyectistas la especificación de un nivel normalizado de calidad acústica complementario al nivel definido por la normativa vigente, así como ofrecer mayor transparencia a los potenciales compradores. Se trata de un documento elaborado por expertos en el tema que, aunque no conlleva medidas de obligado cumplimiento, sí servirá de incentivo a que se construyan viviendas y otro tipo de edificios con mejores prestaciones acústicas, y que permitirá a los usuarios conocer los diferentes niveles de prestación con una sola letra. La norma también incluye disposiciones para clasificar la calidad acústica antes y después de las actuaciones totales o parciales de rehabilitación.

La clasificación se realiza empleando como criterio el nivel de protección frente al ruido por lo que respecta a las siguientes características acústicas:
– Aislamiento a ruido aéreo entre recintos.
– Aislamiento a ruido de impactos entre recintos.
– Aislamiento acústico a ruido aéreo para ruido exterior.
– Niveles de presión sonora en el interior de los recintos de los edificios, procedentes de las instalaciones.
– Tiempo de reverberación en aulas y en áreas de acceso comunes en edificios de uso residencial público, sanitario y docente.

Según los datos de una encuesta del INE sobre Condiciones de Vida (2018), el ruido procedente de vecinos o del exterior es un problema para el 17% del total de hogares a nivel nacional, o lo que equivale a 3.150.000 hogares. En términos porcentuales estaríamos hablando de que en Madrid el problema asciende al 23% de los hogares, en Navarra al 26,4%, en la Comunidad Valenciana al 25%, en País Vasco al 21% y en Baleares y en Andalucía al 18,7%. Y hasta ahora ha habido pocos incentivos para que esto cambie. Sin embargo, a partir de hoy, los compradores podrán exigir en el momento de decidir sobre una compra, no sólo la certificación energética de la vivienda sino también la acústica, lo que convertirá esta norma en otro factor de competencia entre vendedores y como un incentivo para acometer reformas que permitan subir de categoría.

"Esta nueva norma no es un fin en sí mismo, porque todavía falta adaptar las normativas de edificación para garantizar unos niveles suficientes de insonorización de las viviendas y otras categorías de edificio. Sin embargo, es un paso en la buena dirección porque gracias a ella los usuarios cuentan con más información y transparencia y pueden tomar decisiones libremente con pleno conocimiento de los niveles de protección de ruido de la vivienda que vayan a comprar", concluye Oscar del Río.