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La necesidad de mejorar el parque español de edificios suscita un consenso prácticamente unánime. La rehabilitación de viviendas es deseada por el sector constructor, reclamada por Bruselas y cuenta ahora con una hoja de ruta por parte del Gobierno, que ha anunciado que destinará 5.300 millones de euros de las ayudas europeas por la crisis del coronavirus a este fin.

La iniciativa tiene mucho sentido. Los argumentos que aconsejan iniciar cuanto antes una gran oleada de rehabilitaciones son evidentes. Por un lado, el beneficio medioambiental. La Unión Europea quiere llegar a la descarbonización en 2050; los edificios son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de la contaminación con gases de efecto invernadero de los Veintisiete. Por el otro, el económico. El sector es intensivo en mano de obra y se calcula que con solo igualar en España la inversión que hacen otros países del entorno se generarían al menos 400.000 empleos, en un sector que ya comprende a 1,3 millones de trabajadores.

Pero la claridad al visualizar la meta no significa que la senda esté expedita. La aceleración desde el bajo ritmo de rehabilitaciones anterior hasta los ambiciosos objetivos del plan será compleja. Actualmente se rehabilitan 30.000 casas al año, y el Gobierno quiere renovar 480.000 viviendas hasta 2023 (esto es, 160.000 al año). El presupuesto público destinado a las renovaciones de edificios va a multiplicarse aún en mayor proporción.

Los expertos alertan del riesgo de un exceso de riego del sector. Será esencial poner a punto la máquina administrativa -incluida la eficaz cooperación entre distintos niveles institucionales, como de estos con los agentes sociales- para que el plan fluya.

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