Empresa

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que nunca hubo tantos contratos procedentes de las administraciones públicas y, asimismo, menos empresas compitiendo por los mismos. En concreto, la media de licitadores se hundió durante el pasado año hasta los 2,99 para 220.291 contratos públicos -el nivel más bajo registrado-, mientras que en 2019 había una media de 4,09 empresas para cada uno de los 150.74 contratos.

Partiendo del último informe Las Cifras de la Contratación Pública, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), la patronal denuncia que la competencia empresarial ante las licitaciones públicas se encuentra cada vez más marginada a pesar del aumento exponencial de los contratos procedentes de todas las Administraciones.

A juicio de CNC, este abuso y esta falta de concurrencia no sólo lastran la competencia empresarial sino que amenazan la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que siete de cada diez euros de los más de 160.000 millones de euros que recibirá España hasta agosto de 2026 van a guardar una relación directa con la construcción.

Encargos a medios propios

La patronal de la construcción ya denunció en febrero el uso abusivo de medios propios por parte de las administraciones públicas, quienes consideran a un medio como propio por el solo hecho de tener un 0,01 de su capital. De igual modo, más de siete de cada diez encargos a medios propios se concentraron en 14 empresas públicas en 2022, creando entidades extraordinariamente grandes; en concreto el 71,04% de los 3.346 encargos realizados a medios propios. A esto se le ha añadido que en 2023 la proporción de competidores para lograr un contrato público se desplomó por primera vez por debajo de las tres empresas (2,99), dañando la concurrencia competitiva.

En opinión de CNC, cuantas más empresas concurran libremente a las licitaciones públicas mejor será el resultado en términos económicos y sociales, para la Administración y para los ciudadanos. Por ello, advierte de que esta deriva contraria al libre mercado lleva cada vez más a las distintas Administraciones a recurrir a medios propios para ejecutar sus obras.

Esto se suma a la crisis inflacionista que afecta al sector desde hace prácticamente cuatro años. En este marco, la inexistencia de un mecanismo estable de revisión de precios ha provocado un incremento de licitaciones desiertas debido a las tensiones en los precios de contratos sin sistema de reequilibrio económico, tal y como viene denunciando CNC desde 2020.

Esta situación agrava peligrosamente el riesgo económico para las empresas, especialmente para las pymes, que constituyen el 95% del sector. Además, deriva en que muchas de las obras son finalmente encargadas a medios propios, que las ejecutan con unos presupuestos muy superiores y unas condiciones más favorables que los de la licitación original. Una práctica que, a fin de cuentas, supone un mayor coste para la Administración contratante, atenta contra la competencia empresarial y podría terminar incrementando sensiblemente el número de disoluciones y de concursos de acreedores de constructoras.

Según el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén, "desde CNC llevamos tiempo avisando de que la contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas, que no sólo afectan al sector de la construcción sino que pueden terminar impactando en el conjunto de la economía. Hay que permitir a las empresas competir libremente y en igualdad de condiciones".