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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) aboga por un nuevo modelo de clasificación para facilitar la contratación de obras, a la vista de los problemas que genera el actual sistema -tanto a las grandes constructoras como a las pymes- al complicar el acceso a las licitaciones de las obras públicas.

En concreto, dadas las restricciones que implican para las empresas clasificadas la exigencia a ultranza de medios personales y materiales, la patronal pide un compromiso a la Junta Consultiva de Contratación del Estado para limitar o eliminar esta exigencia.

En este sentido, CNC propone volver al texto anterior a 2015, en el que se ponía el centro de la solvencia de las empresas en su experiencia, y no casi en exclusividad en los medios, como sucede ahora. De esta manera, la patronal considera que se impulsaría la actividad de un sector clave para la ejecución de los fondos europeos y el logro de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y portador por todo el mundo de la Marca España.

En este marco, la CNC recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva de Contratos de 2014 otorgan el mayor protagonismo a la experiencia, no tanto al personal y a la maquinaria.

Duplicar hasta los 10 años la experiencia exigida para acceder a contratos públicos

Al margen de los errores administrativos, CNC urge a duplicar hasta los 10 años el plazo válido de la experiencia valorable de las empresas para obtener la clasificación como permite la Directiva comunitaria frente a los cinco actuales de la normativa nacional. Y es que, en su opinión, el plazo actual perjudica gravemente a muchas constructoras con experiencia y solvencia sobradamente acreditadas que, sin embargo, se ven incapacitadas para probar la ejecución de obras similares, por haber transcurrido el plazo de cinco años, plazo complejo por las crisis económica y sanitaria. El no poder mantener esa clasificación les privaría de licitar a importantes contratos.

CNC sostiene que al eliminarse del cómputo los años de más actividad en la construcción de infraestructuras y establecerse únicamente los últimos cinco años en un contexto de caída prolongada de la contratación pública, se está discriminando y dificultando el acceso a las licitaciones de muchas compañías.

De hecho, ya ha sido modificada la Ley de Contratos del Sector Público para admitir la excepción al plazo de cinco años para algunos tipos de obra, quedando pendiente su aplicación de una Orden Ministerial de Hacienda que se suponía que iba a ser inmediata, pero que ya acumula una demora de varios meses.

De igual modo, la patronal señala problemas con los certificados de obra relacionados con la limitación del número que se admiten, las exigencias formales para obras ejecutadas en el extranjero, y las dificultades que plantean algunas Administraciones Locales a la hora de expedirlos correctamente.

Todos estos análisis se hacen con rigor y con los datos que dispone la Oficina Auxiliar de la Confederación Nacional de la Construcción -empresa especializada y líder en la preparación de expedientes de clasificación- quien ha desarrollado sus propias herramientas informáticas y procedimientos para ayudar a las empresas constructoras en el procedimiento de obtención y revisión de las clasificaciones, lograr las mayores categorías y analizar y sortear las principales dificultades en torno a la clasificación a las que se enfrentan las constructoras.

Errores administrativos y falta de formación de los técnicos

En paralelo, la patronal alerta de que los órganos de contratación siguen licitando obras con exigencias de clasificación incorrectas que, en la mayoría de los casos, limitan innecesariamente la competencia. Por ello, defiende cambios normativos que pongan énfasis en la determinación de la clasificación exigible por el redactor del proyecto, y, especialmente, en su control de legalidad en la fase de supervisión del proyecto por el servicio técnico correspondiente y, muy especialmente, en la redacción y aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para que en todos estos trámites se controle y asegure la corrección y legalidad de la clasificación.

A juicio de CNC, los daños a la competencia entre constructoras muchas veces tienen que ver con errores administrativos que, a menudo, responden a la falta de formación de los técnicos de turno. Como consecuencia, la patronal se ve abocada a impugnar muchas exigencias de clasificaciones, pese a ser consciente del retraso que pueden ocasionar en el inicio de las obras y a la actividad del sector.

Agravante del abuso de medios propios

Finalmente, la patronal alerta de que conseguir una clasificación para una empresa puede convertirse en un camino tortuoso, lo que el sector considera un agravante de la parálisis de la libre competencia que fundamentalmente ha provocado el abuso de los medios propios. En este escenario, CNC ya denunció que de 2021 a 2022 las administraciones han disparado un 77% el uso de estos medios propios, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.

Además, si atendemos a los importes de esos encargos, vemos que si en 2021 se destinaron algo más de 589 millones de euros a la ejecución de contratos mediante empresas públicas, al año siguiente, en 2022 el importe se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones. Una cantidad que es 4,5 veces mayor que la de 2021. En 2018 apenas se publicaron encargos a medios propios por importe de 3 millones de euros. Desde entonces: 121,2 millones en 2019, 66,3 millones en 2020 y 589 millones en 2021. Los 2.631 millones de euros destinados en 2022 reflejan un problema importante en nuestro sistema de contratación pública.